La (mala) fe no se presume: aduanas, falsificaciones y garantías procesales en la práctica española reciente
1. Planteamiento
La lucha contra la entrada de mercancía falsificada en la Unión descansa, en primera línea, sobre la Aduana (Reglamento [UE] 608/2013) y, en España, sobre la AEAT —especialmente sus Unidades de Vigilancia Aduanera— con el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El sistema está concebido para reaccionar con rapidez (inmovilización cautelar en el punto de entrada y plazos de 10 días para que el titular de la marca confirme o niegue la falsificación). La rapidez, sin embargo, tiene un precio: escasos medios técnicos, escasa formación específica y un elevado grado de externalización de la prueba.
Las resoluciones penales absolutorias analizadas en los últimos años (accesorios de telefonía, baterías, carcasas, etc.) evidencian que, con frecuencia, la cadena probatoria se rompe por la debilidad de los informes periciales «de parte pública»: informes policiales sin contraste, peritajes gestados en 48 horas, conclusiones deducidas de embalajes defectuosos o códigos QR ausentes. Basta que la defensa someta ese material a contradicción para que la duda razonable aflore y se imponga la absolución.
«El informe policial no tiene el rigor necesario para dar a sus conclusiones por válidas» «Si prescindimos de esta prueba pericial, la acusación fiscal carece de sustento probatorio»
2. Marco jurídico aplicable
– Regl. (UE) 608/2013 y Disp. 1352/2013.
– Ley 17/2001, arts. 34, 41 y 52 (ius prohibendi y riesgo de confusión); arts. 274-276 CP (infracción penal); Instrucción DGFIP/AEAT 1/2022 sobre control de PI.
La aduana sólo inmoviliza—no declara falsos los productos. Para que la destrucción o el traslado al ámbito penal prosperen, el titular del derecho (o su representante) debe aportar indicios técnicos robustos. Cuando ese enlace se sustituye por un “certificado” policial genérico o por un dictamen encargado a un perito sin medios científicos, el procedimiento se tambalea. Los fallos citados confirman que la presunción de inocencia y el standard “más allá de toda duda razonable” siguen vigentes a pesar de la ruptura en muchos casos del principio de inocencia en materia de piratería.
3. El rol (y los límites) de actores como REACT
En la práctica, buena parte de las solicitudes de protección aduanera y de las personaciones penales llegan canalizadas por asociaciones privadas. Una de las más activas es REACT, entidad con sede en Holanda que se presenta como ONG antipiratería. Su esquema habitual:
1. Un poder general para actuar en nombre de decenas de marcas.
2. Delegación en un pequeño despacho local y un “perito” adscrito.
3. Certificados-tipo que afirman la falsedad sin describir estándares de autenticidad ni aportar muestras comparativas.
La jurisprudencia citada demuestra los riesgos: peritos que invocan información “confidencial” de las marcas que nunca se exhibe en juicio; titulares que desconocen la acción penal abierta en su nombre; y valoraciones que confunden producto reacondicionado/segunda mano con producto falso.
4. Debilidades probatorias habituales
En la fase de entrada y registro, la identificación es masiva y genérica, y los muestreos no suelen ser representativos. La duda sobre la trazabilidad del lote está siempre presente.
Pericial policial, con el único sustento de una comparación visual sin contrastar original con dubitado, sin base de datos de fabricante; copia literal de webs de la marca. Insuficiencia científica.
Pericial de parte (generalmente sin intervención del titular), plagada de conclusiones sin soporte técnico; falta de legitimación expresa. Pruebas inválidas como periciales por su naturaleza subjetiva.
Acreditación del registro, con simples citas de registros caducados o inexistentes y quebranto del tipo objetivo aplicable.
5. Éxitos defensivos: absolución y devolución del género
Las defensas firmadas por este despacho han logrado sentencias absolutorias para comerciantes de accesorios electrónicos. Claves:
Contrapericial exhaustiva, con análisis físico y trazabilidad logística.
Impugnación de la legitimación cuando la marca no había conferido poder expreso.
Fisuras en el elemento subjetivo (ausencia de dolo o precio sospechosamente bajo).
Ataque a la cadena de custodia y a la identificación aduanera.
6. Reflexiones críticas
Escasez de medios públicos: laboratorios de análisis limitados; plantillas aduaneras reducidas.
Externalización opaca: la confianza ciega en intermediarios privados sin control judicial previo erosiona la seguridad jurídica.
Riesgo de confusión (art. 34 LM): una etiqueta deficiente o un embalaje usado no bastan para sostener la identidad confusoria exigida por la ley; la apariencia no es la marca.
Equilibrio necesario: falsificar es grave, pero acusar sin base técnica daña la misma legitimidad del sistema y usa recursos públicos que deberían centrarse en criminalidad organizada, no en micro-importadores ni en talleres de reparación.
7. Conclusión
Las decisiones recientes recuerdan que el Derecho penal y el aduanero son armas de precisión, no de dispersión. Cuando se encadenan retenciones masivas con informes genéricos y poderes “omnibus”, los tribunales —última barrera— acaban corrigiendo el exceso.
Defender la propiedad industrial exige rigor; defender las garantías, también. Un sistema que sanciona con la misma severidad la falsificación y la imputación temeraria salvaguarda mejor el mercado y la confianza en las instituciones
La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que le asisten en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, contacte con nosotros en la dirección mencionada en el apartado 1.
1. Responsable del tratamiento
PSIS LEGAL, SLP
CIF: B56493489
Dirección Calle Marie Curie, 7, Planta 3, Oficina 3. 3. Edificio Beta. 28521, Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Correo electrónico: ip@ipsislegal.com
2. Finalidad del tratamiento
Los datos personales recabados a través del sistema interactivo de registro de marcas se utilizan para:
No se utilizarán los datos para fines distintos ni se cederán a terceros sin consentimiento previo.
3. Base jurídica del tratamiento
El tratamiento se fundamenta en:
La ejecución del contrato entre el cliente e IPSIS LEGAL.
El consentimiento explícito otorgado al iniciar la reserva de gestión.
El cumplimiento de obligaciones legales en materia fiscal, mercantil y de protección de datos.
4. Conservación de los datos
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la prestación del servicio y, posteriormente, durante el plazo exigido por la normativa fiscal y profesional (generalmente cinco años).
5. Derechos del usuario
El usuario podrá en todo momento ejercer sus derechos de:
Para ello, podrá enviar un correo a ip@ipsislegal.com, indicando el derecho que desea ejercer.
Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si considera vulnerados sus derechos.
6. Seguridad y confidencialidad
IPSIS LEGAL adopta los niveles de seguridad requeridos por el RGPD adecuados a la naturaleza de los datos que son objeto de tratamiento en cada momento. En este sentido, IPSIS LEGAL aplica medidas técnicas y organizativas avanzadas para proteger los datos personales contra pérdida, alteración o acceso no autorizado.
El acceso a los expedientes está limitado exclusivamente al personal autorizado y sujeto a deber profesional de secreto y confidencialidad.
7. Comunicaciones comerciales
Solo se enviarán comunicaciones informativas o promocionales si el usuario lo autoriza expresamente mediante la marcación de la casilla correspondiente en el formulario de contratación.
8. Actualización de la política
IPSIS LEGAL se reserva el derecho de actualizar esta Política para adaptarla a cambios normativos o técnicos, garantizando siempre la transparencia y accesibilidad de la información.
1. Objeto del servicio
El presente documento regula los términos y condiciones de contratación aplicables al servicio interactivo de registro de marcas ofrecido a través de la web de IPSIS LEGAL (en adelante, “la Plataforma”).
La plataforma permite al usuario iniciar el proceso de registro de una marca nacional o europea mediante un sistema asistido y gestionado por el equipo jurídico de IPSIS LEGAL.
2. Proceso de contratación
El proceso se compone de las siguientes fases:
El usuario abona 49 euros (IVA incluido) en concepto de reserva de gestión inicial. Esta cantidad garantiza la activación del servicio y la asignación de un abogado especializado.
Tras la reserva, el usuario podrá elegir entre tres planes de gestión: Plan Express, Plan General, Plan Premium.
Los 49 euros abonados se descuentan del importe total final, según el plan elegido.
Una vez seleccionado el plan, el usuario confirmará la contratación definitiva y abonará el importe total correspondiente, incluidas las tasas oficiales que varían según el número de clases de la Clasificación de Niza.
3. Derecho de desistimiento y devoluciones
El usuario podrá solicitar la devolución íntegra de los 49 euros de reserva antes de seleccionar el plan de gestión y sin necesidad de justificación alguna.
Una vez elegido el plan y comenzada la gestión administrativa, la devolución no será posible, dado que el servicio se considera iniciado con el consentimiento expreso del cliente (artículo 103 de la LGDCU).
En todo caso, IPSIS LEGAL garantizará la máxima transparencia y comunicación directa durante todo el proceso, ofreciendo asistencia personalizada y actualizaciones sobre el estado del expediente.
4. Precio y formas de pago
Los precios de cada plan incluyen honorarios profesionales y tasas oficiales de registro ante la OEPM, EUIPO u OMPI, según el alcance territorial elegido.
Los pagos se realizarán mediante tarjeta bancaria segura, transferencia o sistemas electrónicos verificados, conforme a la normativa europea PSD2.
5. Condiciones de prestación
IPSIS LEGAL se compromete a:
El cliente se compromete a:
6. Responsabilidad
IPSIS LEGAL actúa como representante y gestor del registro, pero la concesión de la marca depende exclusivamente del organismo oficial competente (OEPM, EUIPO u OMPI).
La firma no se hace responsable de los retrasos, denegaciones o incidencias imputables a dichos organismos o a causas de fuerza mayor.
7. Protección de datos
El tratamiento de los datos personales del usuario se realiza conforme a nuestra Política de Privacidad que figura más abajo, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
8. Legislación y jurisdicción
Estos términos se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia derivada del uso de la Plataforma o, de la contratación o uso del servicio, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, salvo que la ley imponga otro fuero imperativo.
